Constituciones
La Independencia

El 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México el Ejército Trigarante bajo el mando de Agustín de Iturbide, de familia distinguida, oficial del ejército realista, logró el apoyo y compromiso de los demás criollos prominentes, de algunos españoles peninsulares y de la Iglesia católica para buscar un acuerdo con Vicente Guerrero, con el fin de incluir a los insurgentes en un movimiento de independencia aún ligado a la monarquía borbónica. El resultado de los acuerdos quedó inscrito en el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821.

El Plan de Iguala contiene el consenso de todos los sectores de la sociedad colonial que veían la independencia como necesaria e inevitable. En sus postulados, fincados en un gobierno monárquico, todas las fuerzas políticas encontraron satisfacción mínima de sus demandas: la independencia y la proscripción de la distinción de razas, abrió la puerta a los insurgentes; la protección de la propiedad y la declaración que exaltaba a España como “la Nación más católica, piadosa, heroica y magnánima” propició que aquellos españoles cuyos intereses se veían cuestionados por la inestabilidad política causada por la lucha abierta entre el rey y los defensores de la Constitución de Cádiz se decidieran por la independencia; el hecho de que se adoptara la monarquía y que se considerara a los Borbones como futuros reyes satisfizo a los partidarios de tal forma de gobierno; con el respeto al clero y la definición del catolicismo como religión única se logró el apoyo de la Iglesia, temerosa de las tendencias liberales y crecientemente reformistas de las Cortes españolas ordinarias, erigidas al restaurarse la Constitución de Cádiz en 1812. Por último, el plan general de autonomía que conservaba el status quo con reformas mínimas indispensables era justamente lo que los criollos habían pedido sin éxito al gobierno colonial, y que ya se consideraban imposibles de lograr dentro del Imperio Español.

Después de una relampagueante y exitosa campaña militar, Iturbide se apresuró a entrevistarse con el recién llegado virrey Juan de O’Donojú, con quien firmó los
Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 de julio de 1821. En ellos se reiteran los principios del Plan de Iguala y se prevé el nombramiento de una Junta Provisional Gubernativa que nombraría, a su vez, una Regencia y convocaría a Cortes (Congreso Constituyente) que elaboraría la primera Constitución del México Independiente.

Con la entrada en la capital del Ejército Trigarante terminaban tres siglos de dominio colonial.

El Imperio de Iturbide

Se formó de inmediato la Junta Provisional Gubernativa prevista en el Plan; el 25 de septiembre la Junta acordó la vigencia de la Constitución de Cádiz en tanto no contradijera los principios del Plan de Iguala o fuera contraria a las nuevas disposiciones de la joven nación y el 28 proclamó el Acta de Independencia Mexicana en la que se reiteraron los principios del Plan y los Tratados. El 10 de noviembre se convocó al Congreso Constituyente que se reunió el 24 de febrero de 1822.

El 19 de mayo mediante un golpe militar, Iturbide logró ser reconocido como emperador por el Congreso. Poco después, como resultado de continuas desavenencias, lo disolvió e integró una Junta Nacional Instituyente que aprobó un Reglamento Político Provisional del Imperio para regir hasta la expedición por la misma junta de una Constitución.

El autoritarismo de Iturbide provocó una rebelión militar que, con fundamento en el Plan de Casa Mata, además de la reinstalación del Congreso, logró finalmente su abdicación. Las diputaciones provinciales, que se habían creado conforme a la Constitución de Cádiz, se unieron al Plan, exigieron el federalismo y comenzaron a establecer sus propios órganos de gobierno; repudiaron al Congreso recién instalado, desprestigiado por su sometimiento inicial a Iturbide, y le exigieron disolverse y convocar uno nuevo con el mandato de establecer el Estado federal.

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La lucha por el Estado Federal

La inquietud de las provincias amenazó la integridad de la nación mexicana.

Jalisco declaró que, de optarse por la centralización y el desconocimiento del autogobierno de los estados, buscaría su propio camino con otras provincias vecinas que exigían el federalismo como forma de gobierno democrático: el 12 de mayo de 1823, la diputación provincial de Guadalajara se constituyó, junto con los miembros del Ayuntamiento, como la más alta autoridad de la provincia y manifestó su decisión de formar parte de un Estado Federal Mexicano, semejante al norteamericano. El 16 de junio la diputación provincial declaró el “Estado Libre y Soberano de Jalisco” y apuntó las bases de su organización política interna: una legislatura, un gobernador, un Tribunal Superior de Justicia y las autoridades municipales respectivas. El 3 de septiembre la legislatura provincial convocó elecciones a un Congreso Constituyente estatal, que se reunió el 14 del mismo mes, destinado a elaborar la carta política fundamental de Jalisco.


Querétaro tuvo una posición política similar.

En Oaxaca la diputación provincial y el jefe político declararon su completa independencia respecto del gobierno central de México el 1º de junio de 1823; una comisión de la propia diputación preparó las bases de organización política del nuevo estado, y el 6 de junio quedaba instalado el Congreso Constituyente estatal. La diputación provincial misma se arrogó las funciones gubernativas y legislativas.

El 5 de junio San Luis Potosí se manifestó por ser estado de una federación.

Zacatecas declaró también, a través de su diputación provincial, su decisión de constituir un estado federado. El 18 de junio se expidió el plan provisional de gobierno y el 12 de julio se convocó al Congreso Constituyente respectivo.

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Campeche se pronunció y tomó acciones similares el 20 de junio, seguido por Tabasco.

Texas, Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander se reunieron en Monterrey, a través de sus representantes y se declararon partidarios del Estado federal.

También celebraron reuniones con tal fin Guanajuato y Michoacán. Veracruz y México se declararon igualmente por el federalismo.

Más adelante Puebla se declaró estado soberano.

Por otra parte, en Guatemala se convocó un Congreso local desde el 29 de mayo a fin de determinar el camino a seguir. Las provincias de América Central se separaron de México, con excepción de Chiapas, que se unió a la federación mexicana.

Finalmente el Congreso aceptó lo inevitable: acordó su disolución, la convocatoria de un nuevo Constituyente y emitió un voto:

“El soberano Congreso constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido a bien acordar que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federada, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo Congreso que constituya a la Nación.- Junio 12 de 1823”.
La República Federal

La “República” es un concepto por el cual se distingue el gobierno de ciudadanos iguales en dignidad y ante la ley, que como consecuencia no reconoce a un individuo determinado y a sus descendientes el privilegio de mandar sobre todos los demás —poder soberano— como sucedía en la monarquía española y en general en las monarquías europeas en el siglo XIX. Por aquellos días el concepto “República” se había usado, tanto en la Revolución de los Estados Unidos, como en la de Francia, para referirse a lo que el día de hoy conocemos como “democracia representativa”: gobiernos electos por el cuerpo ciudadano y ejercicio temporal de los cargos.

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Durante el régimen colonial existía una distante monarquía centralizada que gobernaba desde Madrid con un virrey como intermediario que residía en la Ciudad de México, con desatención a las realidades regionales. La idea republicana vino ganando terreno a partir de la consumación de la independencia y se fortaleció como reacción a la actitud autoritaria de Iturbide. Consecuencia de ello, la opción por la República “federal” fue exigida por las provincias que deseaban seguir formando parte de la gran Nación mexicana, pero con la condición de que se les garantizara su autonomía para tomar sus propias decisiones sobre asuntos de interés eminentemente local.

La “República federal” aludiría, desde 1824, a un sistema político que garantiza el autogobierno democrático de las entidades federativas bajo un marco común de convivencia establecido en una norma superior: la Constitución federal.
La República Federal se caracteriza por contar con un sistema de gobierno común de todos los mexicanos —el gobierno nacional o federal—, que tiene la encomienda de atender los intereses generales de la Nación, y por gobiernos de los estados que son los responsables de mirar por los intereses particulares de las sociedades de las diversas entidades federativas.

La Constitución de todos los mexicanos garantiza el autogobierno o autonomía de las entidades federativas. De esta manera el sistema federal acerca las decisiones políticas a los gobernados, pues son los representantes electos por los pueblos de los estados los que aprueban sus propias leyes, y son sus autoridades las que se encargan de su ejecución, teniendo como única condición para el ejercicio de su autogobierno o autonomía sujetarse a lo dispuesto por la Constitución federal que es la norma suprema de toda la Nación y a lo que ella dispone en relación a las facultades de los poderes nacionales.

El orden político de la República federal es así regulado a través de una Constitución federal, y una Constitución de cada uno de los estados de la República.
La Constitución de 1824

El nuevo Congreso Constituyente se reunió el 5 de noviembre de 1823, y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en el centro de la Ciudad de México. Después de su instalación formal, se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el día 4 de octubre de ese mismo año.

El Congreso Constituyente trató de conciliar en el texto las tendencias políticas existentes equilibrándolas. La Constitución de 1824 se estructura siguiendo la sistemática de la Constitución de Cádiz y establece un Estado Federal conforme a los principios constitucionales norteamericanos, pero de ninguna manera como copia irracional de aquélla Constitución. El federalismo se adaptó a la realidad de las provincias antes rebeldes. Pero también se reconoció la religión católica como de Estado y se mantuvieron los fueros militar y eclesiástico.

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La Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824. En ella se “establece que la Nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia” (Artículo 1).

Además, que “la religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra” (Artículo 3).

En su artículo 4 señala que “la Nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa, popular y federal”. “Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial” (Artículo 6).

El artículo 7 dispone que “se deposita el poder legislativo de la federación en un Congreso General. Éste se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores”. El artículo 74 señala que “se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo que se denominaría Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. “El poder judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito” (Artículo 123).

La Constitución de 1824 estableció un régimen de responsabilidades para reaccionar contra sus transgresores. Señalaba que “todo funcionario público, sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, deberá prestar juramento de guardar esta Constitución y la Acta Constitutiva” así como que “el Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o la Acta Constitutiva” (Artículos 163 y 164).

Sobre los estados de la federación disponía que: “el gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo individuo” (Artículo 157).

La Constitución federal de 1824 no contiene un catálogo de derechos humanos sino siguiendo el sistema de Cádiz, los delega a los estados, consignando los básicos en la sección séptima del título V que intitula: “Reglas a las que se sujetará en todos los estados y territorios de la federación la administración de justicia”; en otras partes de la Constitución se encuentran dispersos otros derechos como limitaciones a los poderes legislativo y ejecutivo.

En la organización política consignada en la Constitución federal de 1824 se buscó un balance político federación-estados que finalmente se inclinó hacia estos últimos: Los senadores, el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Suprema Corte de Justicia debían su elección a las legislaturas estatales; la zona de autonomía legislativa y de facultades de estas últimas era muy amplia, entre otras la elección del presidente que resultaba de la mayoría de los votos emitidos y del vicepresidente, quien le siguiera en la votación, o sea su mayor rival en la contienda. Esta disposición resultó fatal: el presidente siempre tuvo como enemigo al vicepresidente. El gobierno de cada estado ejercitaría los tres poderes en la esfera local. Se dejaba amplio margen a las constituciones locales para su integración.
Las Constituciones de los estados

Después de la promulgación de la Constitución federal de 1824, los estados convocaron sus respectivos congresos constituyentes, encargados de la redacción y aprobación de sus constituciones. En ellas se inscribieron declaraciones de derechos humanos inspiradas en la Constitución de Cádiz y en los recogidos en la Constitución federal; algunas incorporaron preámbulos que precedían a sus declaraciones de derechos e hicieron aportaciones originales.

Los estados se aprestaron a darse sus constituciones:

Jalisco, 18 de noviembre de 1824
Oaxaca, 10 de enero de 1825
Zacatecas, 17 de enero de 1825
Tabasco, 5 de febrero de 1825
Nuevo león, 5 de marzo de 1825
Yucatán, 6 de abril de 1825
Tamaulipas, 6 de mayo de 1825
Veracruz, 3 de junio de 1825
Michoacán, 19 de julio de 1825
Querétaro, 12 de agosto de 1825
Durango, 1 de septiembre de 1825
Occidente (Sinaloa y Sonora), 31 de octubre de 1825
Chiapas, 19 de noviembre de 1825
Chihuahua, 7 de diciembre de 1825
Puebla, 7 de diciembre de 1825
Guanajuato, 14 de abril de 1826
San Luis Potosí, 16 de octubre de 1826
Estado de México, 14 de febrero de 1827
Coahuila y Texas, 11 de marzo de 1827

Las Constituciones de los estados se encargarían de consignar no sólo derechos políticos —función que la propia Constitución les delegaba en su artículo 9 para determinar la calidad de los electores—, sino también derechos humanos. Como ejemplo notable se puede citar el artículo 6º y el 7º de la Constitución del Estado de Chiapas del 12 de noviembre de 1825, que dicen:

Artículo 6: “El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en el goce de sus derechos. Estos son:

1º El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que traten directa o indirectamente materias de religión.

2º El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin más distinción que la que decreta esta Constitución.

3º El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.

4º El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la conservación de su persona y derechos”.

Artículo 7: “Ningún habitante chiapaneco será esclavo. Una ley dispondrá la indemnización de los que actualmente los tengan”.
Trascendencia

La Constitución federal de 1824 estuvo en vigor hasta ser sustituida por la centralista de 1836. Pese a ello, las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México en ella contenidas han trascendido hasta la Constitución que nos rige al día de hoy: soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes, democracia representativa, y la idea de la Constitución como norma suprema válida para gobernantes y gobernados.