Constituciones
De la República federal a la República centralista

La convivencia de los mexicanos en el marco de una Constitución era una experiencia nueva. Durante la vigencia de la Constitución de 1824 hubo levantamientos armados motivados por la defensa a ultranza de las posiciones ganadas durante la colonia por las clases socialmente altas y por ambiciones personales de caudillos militares, todo ello impregnado de contenido ideológico: centralismo-federalismo.

La masa popular, casi toda rural, no mostró interés en participar. Los actores políticos, la Iglesia y el ejército mostraron poco respeto por la norma suprema; estas instituciones y la oligarquía criolla, enriquecida desde los tiempos coloniales, preservaron a toda costa los privilegios que habían recibido de la Corona española y se negaron a cualquier cambio. Requerían un gobierno central fuerte que mantuviera el orden y evitara cualquier intento renovador. En las provincias se fue formando una muy reducida clase media y dentro de ella personajes, casi siempre de modesta posición económica, ilustrados en las ideas provenientes de los Estados Unidos de América y de Francia que se fundaban en la libertad política y económica, la igualdad con la anulación de privilegios, y el establecimiento de gobiernos representativos electos y responsables. Veían en el federalismo la garantía institucional de las libertades locales.

Los partidos políticos eran prácticamente desconocidos en la época. Se les consideraba inútiles y peligrosos intermediarios entre los electores y los poderes estatales. La actividad política se centró en las logias masónicas: la élite criolla en el rito escocés y los defensores del federalismo en el rito yorkino. Fueron las logias el germen de los grupos que, posteriormente, se calificaron como centralistas y federalistas, y después conservadores y liberales.

Las pugnas políticas se disputaron con las armas: el vicepresidente Nicolás Bravo se rebeló contra el presidente Guadalupe Victoria quien pese a todo pudo terminar su gestión; el perdedor de las segundas elecciones presidenciales, Vicente Guerrero, se impuso por un golpe militar para ser después derrocado en la misma forma por el vicepresidente Anastasio Bustamante; éste a su vez fue desconocido por un movimiento encabezado por Antonio López de Santa Anna.

La definición de ideas

Centralistas

Un buen número de mexicanos de la primera mitad del siglo XIX estaban convencidos de que el centralismo era la mejor manera de resolver los problemas de México.

Para conservar el orden político y social, lucharon por establecer una autoridad central radicada en la Ciudad de México, con poder de hacer leyes y mandar ejecutarlas de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Pensaban que el país requería un gobierno fuerte para terminar con la anarquía imperante que ellos atribuían a la Constitución federal de 1824. Consideraban que el federalismo, inspirado en la cultura jurídica anglosajona, era ajeno a la tradición jurídica mexicana formada durante la época colonial.
La mayor parte de los centralistas pertenecían a la élite socioeconómica criolla de ese periodo. Repudiaban cualquier elemento igualitario o participativo proveniente de los revolucionarios franceses o de los Estados Unidos por considerar que causarían un rompimiento de la estructura social y llevaría al caos.

No negaban los derechos humanos limitados por el dogma católico, como era común en la época. Por el contrario, limitaban los derechos políticos a la fortuna y a la propiedad, con lo que excluían del voto a la mayor parte de la población.

Consideraban la religión católica como lazo único de unión y defendían a ultranza los privilegios de la Iglesia. Se apoyaban en el ejército, que conservaba la oficialidad y los privilegios del ejército realista que había combatido a los insurgentes.

Con el tiempo, la ideología centralista se fue identificando como “conservadurismo”. Su principal exponente fue el ilustre político e historiador Lucas Alamán.


Federalistas

Otros mexicanos sostenían que había que crear una nueva organización político-social siguiendo el ejemplo de norteamericanos y franceses que fueron capaces de transformar instituciones, establecer las más amplias libertades públicas y derechos individuales, así como gobiernos representativos abiertos a toda la sociedad. Defendían el federalismo, que garantizaba los derechos de las provincias convertidas en estados y un gobierno equilibrado con poderes compartidos entre el centro y la periferia, completando así la división de poderes. El federalismo Mexicano tuvo su origen en las diputaciones provinciales cuya creación logró el diputado coahuilense Miguel Ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz y que más tarde defendió brillantemente en el Congreso Constituyente de 1823-1824. El federalismo fue impuesto por las provincias.

Los federalistas proponían reestructurar la sociedad sobre bases más igualitarias y justas. Ante las premuras económicas resultado del desgaste sufrido durante la guerra de Independencia, y a fin de movilizar la economía, consideraban necesario poner en circulación la riqueza inmueble improductiva que por tres siglos había acumulado la Iglesia católica.

Estas ideas se fueron perfilando en conjunto como “liberalismo” cuyo exponente más reconocido en esta época fue José María Luis Mora.
Federalismo y Centralismo

El Estado federal se creó por la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Las antiguas trece colonias inglesas, convertidas después de la independencia en estados independientes con sus propias constituciones, organización interna y leyes, se unieron en una República creando un gobierno nacional común con tres poderes —Congreso con dos Cámaras (representantes y senadores), presidente de la República y poder judicial encabezado por una Suprema Corte— dotados de las funciones y atribuciones en lo que se consideró de interés común, pero conservando sus constituciones particulares, ahora ajustadas a la nacional, sus propios poderes locales y aquellas facultades que no fueron expresamente concedidas a los poderes federales.

Fue éste el esquema que las provincias impusieron en México en 1824 para garantizar sus libertades y necesidades propias.


El Estado centralista se propuso como forma alternativa al federal. Francia recogió el centralismo tradicional de sus provincias en las constituciones revolucionarias y en las posteriores de las eras napoleónica y de la monarquía restaurada.

En la organización centralista hay sólo poderes nacionales —legislativo, ejecutivo y judicial— asentados en la capital del país. Hay una Constitución única que crea un solo punto de emisión de leyes por una asamblea nacional —se le denomine así o de otra forma— que se aplican en todo el territorio por un poder ejecutivo único.

La estructura de la autoridad ejecutiva es jerárquica. El territorio del país se divide en “departamentos”, administrados por delegados nombrados por el ejecutivo central y dependientes de él. No existen legislaturas locales.

En México la República fue concebida como centralista en 1836 y 1843, oponiéndola al modelo federal. Su inspiración teórica provenía del centralismo francés conforme al modelo del “consulado” adaptado a la República.

Particularmente influyente fue la Constitución napoleónica del año VIII (1799), constitución reconocidamente autoritaria y hecha para establecer el consulado bonapartista, de la que en 1836 se tomó la organización centralizada y el “Senado Conservador” como órgano de control del cumplimiento de la Constitución por los poderes constituidos.

Las constituciones monárquicas francesas de 1814 y 1830 y las leyes de ellas derivadas establecían el llamado sufragio censitario, ligando el derecho de voto al ingreso personal, que fue también adoptado por los constituyentes centralistas mexicanos; pero no incluyeron la libertad religiosa, conquista revolucionaria, que sí aceptaron sus modelos.
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836

En las elecciones de 1832 triunfaron Antonio López de Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. En ausencia del primero que haciendo gala de su oportunismo se retiró, pretextando mala salud, con el propósito de esperar la definición de la victoria de una de las fuerzas políticas en pugna, el vicepresidente tomó el mando. Gómez Farías inició la reforma de la Iglesia, mediante el aprovechamiento de sus propiedades inmobiliarias ociosas y la eliminación de fueros excluyentes de la justicia estatal de que gozaban eclesiásticos y militares así como el inicio de la educación laica. Las medidas causaron levantamientos armados que finalmente decidieron a Santa Anna regresar a la presidencia y a la deposición del vicepresidente. Se planteó con toda firmeza el centralismo y el desconocimiento de la Constitución de 1824.

El sexto Congreso ordinario, convocado conforme a la Constitución de 1824, se encontraba atado a poderes limitados por el texto de aquélla para iniciar el proceso de reforma constitucional, sobre todo por la inalterabilidad declarada de la forma de gobierno que preservaba el federalismo.

Sin embargo, por presión de los centralistas extendió sus facultades, sin fundamento legal, para convertirse en Congreso Constituyente. Emitió así las llamadas Bases para le nueva Constitución que dan fin a la de 1824 y fundamentan la Constitución “dispersa”, fragmentada en “Siete Leyes Constitucionales” de 1836.

En la
primera ley, integrada por quince artículos, se hace una muy completa declaración de derechos humanos. De ellos destacan los relacionados con el proceso judicial, debido al talento del principal autor de las leyes: Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Muy cercanos a los consignados en la Constitución de Cádiz, se completan como en aquella con limitaciones concretas al Legislativo y al Ejecutivo y reglas específicas de administración de justicia. El derecho de ciudadanía se otorga sólo a quienes alcanzan un determinado ingreso anual.

La
segunda ley, que consta de veintitrés artículos, crea la figura más controversial y emblemática de las Siete Leyes: el Supremo Poder Conservador, inspirado en el Senado Conservador francés de la Constitución del Año VIII. Quedó integrado por cinco ciudadanos, quienes debieron ocupar previamente un cargo de máxima relevancia pública. Se le atribuyeron amplias facultades que en conjunto resultaron exorbitantes: declarar la nulidad de los actos de cualquiera de los otros tres Poderes cuando fueran contrarios a la Constitución, suspender a los mismos si amenazaban la paz pública y ordenar al Presidente la remoción de sus ministros. Se le erigió como intérprete de la voluntad popular por su simple declaratoria. Ejercía sus facultades a su criterio y sólo debía responsabilidad “a Dios y a la opinión pública”.

La
tercera ley, que contiene cincuenta y ocho preceptos, deposita el Poder Legislativo en un Congreso integrado por dos Cámaras: la de diputados y la de senadores. Para acceder a los cargos se establecen mínimos de propiedad y renta. La Cámara de diputados es electa; la de senadores se integra por los demás poderes.

La
cuarta ley, con 34 artículos, estableció el Poder Ejecutivo presidencial. Dura ocho años en su cargo y puede ser reelecto. Es designado por los poderes establecidos. Tiene el veto suspensivo frente al Congreso.

La
quinta ley, a través de sus 51 disposiciones, conforma el Poder Judicial con una Corte central y tribunales departamentales a semejanza de la última organización de las audiencias coloniales. Establece previsiones sobre administración de justicia que son en realidad derechos humanos en los procesos.

La
sexta ley crea departamentos en lugar de los estados a cargo de gobernadores propuestos por las juntas departamentales. Las facultades de las juntas locales son considerables, lo que muestra el arraigo que, desde su creación por la Constitución de Cádiz, habían alcanzado las instituciones locales que el federalismo reconocía.

Finalmente, l
a séptima ley fue la más breve, de sólo 6 artículos. Permitió al Congreso la posibilidad de resolver las dudas que suscitara la interpretación de normas constitucionales.

Las Siete Leyes no hacen referencia a la soberanía, lo cual es congruente con su carácter oligárquico; el derecho de voto queda condicionado a un ingreso mínimo o a requisitos de propiedad. Para ocupar los cargos que la Constitución prevé se requieren aún mayores condiciones económicas.

Otra característica marcadamente oligárquica es el sistema de integración de los poderes: sólo la Cámara de Diputados y las Juntas Departamentales provienen de la elección, garantizada en favor de los conservadores por los requisitos de fortuna. Los demás órganos, a partir de estos dos, se integran por designaciones entre ellos mismos.
Voto Indirecto

La democracia representativa en el siglo XIX se sustentaba en gran medida en la teoría del electorado “función”, el deber de las élites rectoras ilustradas de decidir en beneficio del interés general de la nación. La forma de convertirse en un ciudadano ilustrado venía indefectiblemente atada a la riqueza económica por medio de la cual se accedía a la educación. Bajo este entendimiento, se introdujo el requisito de los ingresos, o “renta”, tanto para votar por la integración de la Cámara de representación política, como para poder ser votado como representante de la nación.

La Tercera Ley (Artículo 4) deja a una ley secundaria la determinación del proceso electoral. Es ésta la de 30 de noviembre de 1936 que copia el sistema de la Constitución de Cádiz que por otra parte, venía practicándose, con adecuaciones, desde la elección del primer Congreso Constituyente y de todos los ordinarios.

La elección indirecta consistía en un conjunto sucesivo de elecciones en las cuales un grupo de “ciudadanos” elegían a otros de mayor ilustración llamados “compromisarios” (primera elección).

Éstos a su vez elegían a otros ciudadanos de mayores luces llamados “electores secundarios” (segunda elección), quienes finalmente elegían a los representantes de la nación entre los miembros más ilustrados de la sociedad civil (tercera elección).

Para votar en la primera y segunda elección se requería ser ciudadano, mayor de 25 años y residente del lugar; para ser elector en la tercera elección se añadía el requisito de tener una “renta anual de quinientos pesos por lo menos”. Para ser diputado se exigía: “Tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral” (Artículo 28).

La primera elección se celebraba en el ámbito geográfico más pequeño en el que se subdivide la República centralizada: el de los municipios, que se subdividen en “secciones”. La segunda elección se organizaba en los “partidos”, que era una circunscripción territorial formada por un conjunto de municipios. La tercera elección se llevaba a cabo en una circunscripción territorial mayor: los “departamentos” de la República centralizada.
Proyectos de Reformas 1842

Las Sietes Leyes Constitucionales entraron en vigor en 1837. El Supremo Poder Conservador, encargado de “conservar” el cumplimiento de la Constitución, actuó como un cuarto poder y entró en permanente conflicto con los otros tres poderes. Además, no cesaron los movimientos federalistas.

Las medidas conservadoras y centralistas de este nuevo marco legal agilizaron la declaración de independencia de Texas, prácticamente lograda después de la desastrosa campaña militar de Santa Anna. También provocó la secesión de Yucatán. Además, el desorden interno restó la atención debida al conflicto por reclamaciones de Francia en la llamada “Guerra de los pasteles”, en la que la acción militar de Santa Anna, más espectacular que efectiva, lo reivindicó del desastre de Texas.

La insatisfacción general con las Leyes Constitucionales se expresó en una sublevación militar cuyos propósitos se recogieron en las “Bases de Tacubaya”. Conforme a ellas se convocó un Congreso Constituyente que elaboró tres proyectos de Constitución tratando de superar desacuerdos entre los diputados.

El Congreso actuó bajo incesante presión conservadora del gobierno, prensa y amenaza militar.

Los proyectos, en una u otra forma federalistas y que dejaban la puerta abierta a la práctica de religiones distintas a la católica, provocaron la reacción centralista. En un movimiento militar inspirado por Santa Anna y ejecutado por Nicolás Bravo en Huejotzingo se desconoció al Congreso y se formó una Junta Nacional Legislativa, nombrada por el Presidente en turno, esta vez Nicolás Bravo.
Bases Orgánicas de 1843

La Junta Nacional Legislativa aprobó las Bases Orgánicas de la República Mexicana publicadas en junio 14 de 1843.

La ciudadanía se condiciona a la percepción de una renta anual. Sobre esa base se establecen asambleas departamentales; las provincias son ahora departamentos a cargo de gobernadores nombrados por el Ejecutivo Nacional a propuesta de dichas asambleas.

El Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un presidente, que goza de un veto extraordinario sobre las resoluciones del Congreso, tiene autoridad sobre el Poder Judicial, facultades legislativas extraordinarias para la organización de los departamentos y para resolver conflictos entre los órganos departamentales. Es el Ejecutivo más fuerte que se registra en las constituciones mexicanas, lo que revela la influencia de Santa Anna.

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso, dividido a su vez en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

El “Título VIII. Poder Electoral” de las Bases Orgánicas contempla lo que para muchos es un dato característico y hasta excéntrico: la configuración de un colegio electoral, dividido en varios tipos de juntas. En realidad se mantiene el sistema electoral heredado de Cádiz.

La tendencia oligárquica de la Constitución se reflejó con claridad en la conformación del Senado, lo que produjo después contra dicha institución reacciones muy hostiles. Dos tercios de senadores se elegirían por las asambleas departamentales: cinco habrían de representar a cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios, comerciantes y fabricantes. La elección de los demás recaería en personas que hubieran ejercido alguno de los cargos siguientes: presidente, vicepresidente, secretario de despacho, ministro plenipotenciario, gobernador, senador, diputado o antiguo consejero de gobierno “o que sea obispo o general de división”. El tercio restante serían electos de las listas formuladas por la Cámara de diputados, el presidente y la Suprema Corte y debían escogerse entre quienes se hubieran “distinguido por sus servicios y méritos en la carrera civil, militar y eclesiástica”.

De nuevo la Constitución centralista resultó oligárquica esta vez agravada por un Ejecutivo, concebido sin equilibrios institucionales y con un gobierno cerrado a favor de las minorías. Las Bases Orgánicas rigieron una época especialmente turbulenta donde no cesaron sino se agudizaron los conflictos internos pese a serias amenazas externas.