Constituciones
La dictadura de Santa Anna y la revolución de Ayutla

Después de la guerra contra los Estados Unidos de América (1846-1848), que tuvo como consecuencia la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, los pronunciamientos internos sobre cómo habría de gobernarse el país continuaron.

En 1852 estalló un nuevo movimiento militar que culminó con la disolución del Congreso y el regreso del general Antonio López de Santa Anna a México, quien ocupó el poder en 1853 y emitió las “Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la Constitución” elaboradas por Lucas Alamán, cerebro de este nuevo régimen. Santa Anna ejerció una dictadura despótica en la que se autonombró “Alteza Serenísima”.

La hacienda pública en bancarrota trató de recuperarse con contribuciones onerosas y hasta ridículas que provocaron el descontento popular. Esta situación desembocó en una revolución con inusitado apoyo general, que acabaría con lo que se conoce como “la era de Santa Anna”. Si bien el triunfo fue liberal, la idea monárquica cobró fuerza.
El Plan de Ayutla

El 1º de marzo de 1854, en la población de Ayutla, Guerrero, estalló una revolución liberal. Fue encabezada por el viejo insurgente Juan Álvarez al lado de Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, cuyos pronunciamientos políticos se plasmaron en un Plan llamado de Ayutla. Éste tenía como objetivos centrales derrocar la dictadura de Santa Anna, elegir a un presidente interino de la República y convocar a un Congreso Extraordinario que se ocupara exclusivamente de constituir la nación bajo la forma de república representativa popular
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El Plan de Ayutla expresaba:

“Considerando:
Que la permanencia de don Antonio López de Santa Anna en el Poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno se han hoyado las garantías individuales que se respetan aún en los países más civilizados…
Que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del Norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria, para ser lanzados después, como sucedió a los californios;
Que la Nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni dependiendo su existencia política de la voluntad caprichosa de un solo hombre…
Usando de los mismos derechos de que usaban nuestros padres en 1821, para conquistar la libertad, los que suscriben proclaman y protestan sostener hasta morir, si fuese necesario, el siguiente Plan:
1º.- Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios que, como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieren al presente plan.
5º.- A los quince días de haber entrado en sus funciones el Presidente Interino, convocará el Congreso Extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto en el año de 1841, el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de República representativa popular, y de revisar los actos del ejecutivo provisional de que se habla en el artículo 2º…”

Hacia agosto de 1855, la revolución de Ayutla había triunfado y Santa Anna salió al exilio para no regresar al poder. Comenzaba así la época liberal encabezada por la llamada “generación de la Reforma”.

El 16 de octubre siguiente se expidió la convocatoria al Congreso Constituyente previsto. El Congreso se reunió el 17 de febrero de 1856 e inició al día siguiente sus sesiones.


Los principios del Plan de Ayutla fueron incorporados y ampliados en el “Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana”, del 15 de mayo de 1856, emitido por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Su propósito era, como indicaba el título de dicha norma, establecer un orden legal provisional mientras se creaba el nuevo orden constitucional por el Congreso Constituyente previsto en el propio Plan.

Este Estatuto se recibió en el Congreso el 26 de mayo de 1856 y días después se pidió su desaprobación. El 17 de julio se nombró una comisión encargada de su revisión, sin que ésta produjera dictamen alguno.

Se trató de un ordenamiento que despertó tanto simpatías y apoyos, como numerosas críticas y oposiciones, y que no tuvo vigencia en todo el territorio sino que se aplicó sólo en zonas determinadas.
Liberales y Conservadores

Hacia 1848, al término de la guerra contra los Estados Unidos, la clase política fue reemplazada por una nueva generación que terminó por definir claramente los dos proyectos de nación que se confrontaban desde la consumación de la Independencia.

Federalistas y centralistas finalmente se agruparon formando dos partidos con ideologías y tácticas de lucha bien determinadas, aunque sin estructuras formales como los partidos de hoy: el liberal y el conservador.

Las causas principales del enfrentamiento eran la separación de la Iglesia y el Estado, la centralización o descentralización del poder público, y la construcción de un Estado oligárquico o uno democrático.
El partido conservador

El ideólogo más importante del movimiento conservador mexicano fue Lucas Alamán. En 1849 organizó el Partido Conservador con su correspondiente proyecto político en el que destacaba “la firme creencia de que era fundamental evitar rupturas drásticas con el pasado. El progreso sólo podía lograrse lentamente sin romper con los valores, las tradiciones y las costumbres que con los siglos habían llegado a formar el carácter del país. [...] En otras palabras, todo proyecto político debía estar basado en las necesidades reales y la cultura presente y pasada del país”.

Sin embargo, el conservadurismo mexicano fue un movimiento heterogéneo pues no todos y cada uno de los postulados de Alamán fueron acogidos por unanimidad.

Los militantes conservadores defendían la omnipotencia de la religión católica como verdad absoluta y único lazo de unión entre los mexicanos. Consideraban natural que el Estado fuera el brazo secular de la Iglesia católica como ejecutor del dogma cristiano en la sociedad; de ahí la exigencia de la necesaria inscripción constitucional del credo católico con exclusión de cualquier otro.

De acuerdo con sus fundamentos ideológicos, la estratificación social existente era producto de una inevitable desigualdad que no excluía los deberes de humanidad con las clases menos favorecidas, pero sin tocar los privilegios heredados de las clases consideradas superiores.

Consecuentemente, las instituciones y los cargos públicos debían ser integrados y operados por quienes tuvieran patrimonio e ilustración suficientes.
El partido liberal

Los liberales consideraban que era necesario edificar una sociedad fundada en la razón y la libertad y, por tanto, ajena a cualquier dogma religioso. Sostenían que todo individuo tiene derechos inherentes a su calidad humana por lo que el Estado debía ser garante de la libertad de todos por igual. Los liberales no aceptaban la desigualdad entre los individuos y por ello promovieron la desaparición de los privilegios sociales.

Para los liberales la base de la organización política, del orden y la paz sociales reposaba en la participación de todos en las decisiones que afectan a la sociedad.

No negaban ni el dogma religioso ni el reconocimiento y respeto a la religión católica, que practicaban la mayor parte de los ciudadanos, ellos mismos, pero combatían su imposición por ser contraria a la libertad de conciencia.

El pensamiento liberal se proyectaba también al campo de la economía, donde se manifestaba por derribar los obstáculos al libre comercio y a la libertad empresarial. Defendían la eliminación de las barreras al comercio interno y de los monopolios.

En aquellos días, buena parte de las inmensas propiedades de la Iglesia se encontraban ociosas y además fuera del comercio, bajo un estatus jurídico especial identificado como “bienes de manos muertas”, al mismo tiempo que las necesidades económicas nacionales permanecían insatisfechas. Por ello los liberales consideraban que la reintegración a la circulación de esa riqueza era el camino hacia la prosperidad.

Los liberales abrazaron la bandera del federalismo. Un país tan extenso, variado y poco comunicado tenía necesidades regionales que exigían satisfacción y debían resolverse donde se originaban. Este requerimiento es la base del reconocimiento de los derechos a la autonomía de los estados.
Leyes Prerreformistas (1855-1857)

El primer intento por separar el Estado y la Iglesia se hizo en 1833 con las reformas liberales de Valentín Gómez Farías, que, debido a las circunstancias políticas del momento, fueron abrogadas. Sin embargo, con el ascenso de la generación liberal, tras la caída de Santa Anna, comenzó el proceso definitivo que consolidaría su visión de México y su proyecto de Nación. Entre 1855 y 1857, antes de las discusiones en el seno del Congreso constituyente, el gobierno provisional expidió tres leyes de gran trascendencia para la Reforma,

Las tres leyes se conocieron por los nombres de los ministros del gobierno provisional: Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y José María Iglesias.

Ley Juárez
Ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios Federales
o Ley Juárez, del 23 de noviembre de 1855. Tenía como propósito promover la igualdad ante la ley mediante la supresión de fueros y tribunales especiales que constituían un privilegio heredado de la época colonial para determinados grupos y corporaciones. La ley ordenó la supresión de los tribunales especiales a excepción de los militares y los eclesiásticos.

Sin embargo, dispuso también que éstos cesaran de conocer de los asuntos civiles de los individuos de su fuero y estableció que el fuero eclesiástico sería renunciable en los delitos comunes. La Ley fue objeto de intenso debate en el Congreso Extraordinario Constituyente que la aprobó en abril de 1856. Sus principios esenciales quedaron incorporados en el artículo 13 de la Constitución de 1857, antecedente directo del artículo 13 de la Constitución vigente de 1917.

Ley Lerdo
Ley sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas que administren como propietarias las corporaciones civiles y eclesiásticas de la República
o Ley Lerdo, del 25 de junio de 1856. Tenía como fin poner en circulación la propiedad inmueble comunal o colectiva para convertirla, sobre todo, en propiedad individual y que así contribuyera al desarrollo económico del país. Si bien la mayor parte de los bienes llamados de “manos muertas” pertenecían a las diversas corporaciones eclesiásticas, el objeto de la ley era más amplio y alcanzaba a otras corporaciones de carácter civil. Se exceptúan de la enajenación los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de las corporaciones, templos, conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia.
El Congreso Constituyente la sancionó en enero de 1857 y sus principios quedaron consagrados en el artículo 27 de la Constitución de 1857, antecedente del artículo 27 de la Constitución de 1917.

Ley Iglesias
Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales
o Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857. Con el antecedente del decreto de 1833 que pretendió suprimir la coacción civil para el cobro del diezmo, en observancia de diversos ordenamientos eclesiásticos y civiles, dispone que no se cobre ningún derecho en bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros de los pobres.
La Ley consideraba como pobres a “todos los que no adquieran por su trabajo personal, por el ejercicio de alguna industria, o por cualquier título honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia”.

Se iniciaba un largo confrontamiento que desangraría al país durante una década.